APROBÓ EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO ACTUALIZACIÓN AL MARCO ORGÁNICO VIGENTE CON AJUSTES CONCRETOS QUE MEJORAN EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen que reforma la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para actualizar la reforma judicial y perfeccionar el marco orgánico vigente mediante ajustes concretos que mejoren su técnica legislativa, refuercen su coherencia interna y otorguen mayor claridad a materias relevantes para la función judicial.
El dictamen de la iniciativa presentada por la diputada María Leticia Vázquez Hernández fue aprobada previamente en reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia, donde quedó claro que no se trata de expedir un nuevo ordenamiento, sino de introducir modificaciones puntuales y útiles para fortalecer la seguridad jurídica, la coordinación institucional, la integridad en el servicio público y la regularidad operativa del Poder Judicial del Estado.
En esta reforma, se propone la extensión de la duración de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya que los cambios frecuentes en la titularidad pueden interrumpir planes operativos y de modernización del sistema de justicia y será el propio Pleno del Supremo Tribunal de Justicia quien elija, de entre sus integrantes, a la persona que haya de ocupar su Presidencia.
Se replantea el procedimiento en caso de ausencias temporales por más de un mes sin licencia, así como en los supuestos de defunción, renuncia o destitución, de las personas Magistradas y Juzgadoras de primera instancia. Se propone que al actualizarse alguna de esas hipótesis, se declare vacante el cargo y se designe a una persona Secretaria de Acuerdos para ejercer el cargo respectivo, que deberá renovarse para un nuevo periodo en la elección inmediata posterior que corresponda.
Esto permite que, en caso de una ausencia definitiva como las que se mencionan, se garantice la continuidad del ejercicio jurisdiccional, a través de personas que cuentan con carrera judicial, lo cual garantiza que el desempeño de la función asignada se siga realizando bajo los más altos estándares de profesionalismo, probidad y excelencia, a través de una persona Secretaria de Acuerdos, cuyo perfil debe ejercer la función encomendada, hasta en tanto se lleve a cabo un nuevo proceso de elección.
Asimismo, se plantea precisar la integración y función de la Junta de Coordinación para reconocerla como instancia tripartita permanente de coordinación y comunicación institucional entre los órganos superiores del Poder Judicial del Estado, con participación del Supremo Tribunal de Justicia por conducto de su Presidencia, junto con el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
Otra línea de ajuste se refiere al fortalecimiento de la integridad institucional y de las condiciones normativas que favorecen un ejercicio objetivo, ordenado y confiable de la función judicial. En esa medida, se incorpora un precepto específico para establecer que el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prevenir, identificar y combatir la discriminación, el conflicto de interés y la formación de redes nepóticas y clientelares, mediante acuerdos generales y demás medidas institucionales conducentes.
Se recupera y precisa determinadas atribuciones y órganos cuya previsión expresa en la ley resulta conveniente para una mejor definición funcional del ordenamiento. Entre ellas se encuentra el reconocimiento expreso del Área de Comunicación Social como órgano de apoyo de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Se contemplan, como órganos de apoyo del Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría General, las Administraciones Judiciales de los Sistemas de Gestión así como de los demás sistemas de gestión que se creen conforme a la normatividad aplicable, el Área de Ejecuciones y el Centro de Convivencia Familiar.
La diputada Vázquez Hernández dijo que con esta reforma integral se cubren los vacíos o lagunas legales que dejó la reforma judicial y es parte del trabajo legislativo de actualización, para que las y los potosinos tengan un mejor sistema de impartición de justicia.